Se plantea el problema de la protección contra incendios forestales en las zonas rurales de Galicia, especialmente en las áreas donde la población está disminuyendo y envejeciendo, y la actividad agrícola y ganadera se reduce. Ante esta situación, la Asociación Forestal de Galicia y la Asociación Sectorial Forestal Galega abogan por declarar de utilidad pública la intervención en las fajas de seguridad alrededor de los núcleos de población como medida de protección civil.
Estos colectivos argumentan que la legislación actual y el anteproyecto de una nueva ley sobre incendios en Galicia responsabilizan a los propietarios forestales y comunidades de montes del mantenimiento de las fajas de seguridad.
Los colectivos de propietarios también critican que la legislación actual premia el desorden urbanístico al responsabilizar a los propietarios forestales de la protección de viviendas y construcciones ilegales en zonas forestales.
En cuanto a las fajas secundarias de seguridad, se estima que aproximadamente el 30% de ellas necesita desbroce periódico, mientras que el resto se mantiene despejado debido a la actividad agrícola y ganadera. El coste del desbroce de ese 30% de fajas secundarias se estima en alrededor de 32 millones de euros al año según Asefoga.
Los colectivos enfatizan que muchas de las áreas que necesitan desbroce son propiedad de minifundistas, que tienen parcelas pequeñas y a menudo carecen de gestión adecuada debido al minifundismo.
En términos de gestión de biomasa, existe un sistema público en vigor desde 2018 que involucra a la Consellería de Medio Rural, la Federación Gallega de Municipios y Provincias y la empresa pública SEAGA como órgano instrumental para la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las fajas. Sin embargo, los propietarios considerando que solo se está brindando una solución de gestión pública en áreas de alta prioridad por riesgo de incendio, lo que crea una discriminación con respecto a otros propietarios y comunidades de montes en Galicia.
Fuente: campogalego.es